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EL TRIBUNAL DE APELACIONES DE CALIFORNIA DETERMINA QUE LA DESESTIMACIÓN DE LAS RECLAMACIONES EN VIRTUD DE PAGA (LEY DE DERECHO A AUTOREPRESENTARSE EN JUICIO DE CALIFORNIA) ES INMEDIATAMENTE APELABLE EN VIRTUD DE LA DOCTRINA “DEATH KNELL”

Con el fin de proteger los derechos de los posibles miembros de grupo, la doctrina de la “sentencia de muerte” permite una apelación inmediata de una orden judicial que niega la certificación de las reclamaciones de grupo, pero preserva las reclamaciones individuales. En el caso de Miranda contra Anderson Enterprises, Inc., 241 Cal. Trib. de Ap. 4.o, 196, 200 (2015), el Tribunal de Apelación dictaminó que también se aplica a la desestimación de una acción representativa en virtud de la Ley de Derecho a Autorepresentarse en Juicio de California de 2004 (PAGA, por sus siglas en inglés) (Código Laboral, §2698 y siguientes). En el caso de Miranda, el demandante Isidro Miranda presentó una supuesta acción colectiva contra los Demandados del empleador alegando violaciones de sueldos y horarios laborales, así como una acción representativa en virtud de PAGA. Los Demandados solicitaron que el arbitraje fuera individual y que se desestimaran las reclamaciones conforme a PAGA del Demandante. El tribunal de primera instancia concedió la moción de los Demandados. El demandante apeló posteriormente.

De conformidad con el §904.1 del Código de Procedimientos Civiles, existe un derecho de apelación cuando una orden ha dado lugar a una sentencia definitiva. A esto se lo conoce a veces como la regla del “juicio final”. Véase el caso de Alemán contra AirTouch Cellular, 209 Cal. Trib. de Ap. 4.o 556, 585 (2012). Al determinar si ha habido una sentencia definitiva, el Tribunal Supremo de California sostuvo que “la cuestión, que afecta al derecho de apelación, no es de qué forma pudiera ser la orden o la sentencia, sino cuál es su efecto legal”. Daar contra Yellow Cab Co., 67 Cal. 2d 695 (1967). Centrándose en el efecto legal de una orden, los tribunales de California han dictaminado que existe un derecho de apelación cuando se haya rechazado una moción de certificación de grupo, “porque efectivamente supondría el fin de las reclamaciones de grupo”. Miranda, 241 Cal. Trib. de Ap. 4.o en 200 (2015) (se omiten las citas). La lógica subyacente es que “una orden que niega la certificación equivale a una desestimación de todos los miembros del grupo que no sean el demandante”. Daar, 67 Cal. 2.o en 699.

“La apelación según la doctrina de la sentencia de muerte requiere una orden que (1) equivalga a un juicio final de facto para los demandantes ausentes, en circunstancias en las que (2) la persistencia de reclamaciones de demandantes individuales que sean viables pero quizás de minimis (sobre las cosas pequeñas) crea el riesgo de que no se vuelva a dictar ninguna sentencia final formal”. Miranda contra Anderson Enterprises, Inc., 241 Cal. Trib. de Ap. 4.º 196, 200 (2015) (citas omitidas).

En el caso de Miranda, los Demandados argumentaron que la orden del tribunal de primera instancia no era inmediatamente apelable porque la desestimación del tribunal de primera instancia no fue una sentencia definitiva, y que la doctrina de la sentencia de muerte no se aplicó al rechazo de una desestimación representativa de PAGA. Al resolver este asunto, el Primer Distrito de Apelaciones del Tribunal de Apelación de California determinó que “la razón subyacente de la doctrina de la sentencia de muerte ―que sin el incentivo de una posible recuperación grupal, el demandante individual puede concluir que es económicamente imprudente continuar su demanda hasta llegar a una sentencia final y luego solicitar una revisión de apelación de una determinación de grupo adversa, lo que hace que la orden quede efectivamente inmunizada por las circunstancias de la revisión de la apelación― se aplica por igual a las reclamaciones representativas de PAGA”. Id. en 201.

Dado el reciente aumento de las acciones conforme a PAGA tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Iskanian contra CLS Transp. Los Angeles, LLC , 59 Cal. 4.o 348 (2014), el fallo del Tribunal de Apelación en el caso de Miranda aclara un ámbito en expansión de la ley, la cual es especialmente pertinente en situaciones donde la certificación ha sido denegada, pero las reclamaciones conforme a PAGA del Demandante prevalecen. A falta de tal derecho de apelación, la compensación para los empleados perjudicados se retrasaría aún más.

Arbitraje, abuso y ambos Tribunales Supremos – Matern Law Group, PC – […] en California. Armendáriz contra Health Foundation Psychcare Services Inc. (2000) 24 Cal. 4.o 90; Iskanian contra CLS Transp. Los Ángeles (2014) 59…

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