El 4 de abril el gobernador Jerry Brown firmó el proyecto de ley aprobado por el congreso, S.B. 3, medida histórica de la asamblea legislativa de California que aumentará el salario mínimo del estado a $15 por hora para 2022, seguido de ajustes anuales por inflación. El impacto del proyecto de ley hará efecto más allá de los 2,2 millones de trabajadores de California que actualmente ganan el salario mínimo: los economistas han estimado que la medida aumentará los salarios de 5,6 millones de personas, o 1 de cada 3 trabajadores en todo el estado. Por ejemplo, es probable que muchos maestros de California se beneficien, ya que se les debe pagar al menos el doble del salario mínimo del estado para estar exentos de las regulaciones estatales sobre horas extraordinarias.
La medida se presenta como un compromiso legislativo ante una medida propuesta en la boleta electoral, que habría requerido el mismo aumento con una implementación más rápida.
La ley prevé incrementos anuales graduales en los próximos seis años. Para las empresas que tienen 26 empleados, o más, el salario mínimo aumentará a $10,50 el 1 de enero de 2017 y a $11,00 el 1 de enero de 2018, con incrementos anuales de $1,00 a partir de entonces hasta 2022. Los empleadores con menos de 25 empleados tendrán un año adicional para aplicar cada uno de los aumentos anuales. El proyecto de ley también incluye ciertas “válvulas de seguridad” que le permiten al gobernador detener el aumento programado el 1 de septiembre de cada año en el caso de un déficit presupuestario de más del 1 %, un crecimiento laboral negativo, u otras indicaciones de estancamiento económico. Finalmente, a partir de 2018 la nueva ley incluye una disposición que irá sincronizando gradualmente la licencia por enfermedad remunerada para los trabajadores de atención médica a domicilio.
Si bien el salario mínimo de California actualmente es de $10,00 por hora, que ya es el más alto de la nación, los trabajadores de todo el estado enfrentan algunos de los costos de vida más altos del país. Los opositores al aumento argumentan que, si bien un salario de $ 15,00 tiene sentido para las ciudades del área de la bahía de San Francisco y Silicon Valley, que en los últimos años se han convertido en una de las regiones de más alto costo para vivir en el país, podría haber consecuencias negativas para los trabajadores en regiones más rurales como el valle de San Joaquín e Inland Empire.
Sin embargo, muchos académicos han señalado que, incluso en las regiones menos caras, el mínimo actual de $10,00 por hora es deplorablemente insuficiente para mantener el costo de vida. Entre ellos se encuentra Amy K. Glasmeier, profesora de Geografía Económica y Planificación Regional del MIT, editora fundadora del Cambridge Journal of Economics, y creadora de la calculadora de Living Wage (salario digno), que se basa en los datos proporcionados mediante agencias gubernamentales para calcular cuál debería ser el “salario digno” en todos los rincones del país. De acuerdo con su trabajo de investigación, incluso en una de las regiones más económicamente asequibles del estado, el Condado de Modoc, un padre que espera mantener a su cónyuge y dos hijos tendría que ganar $21,67 por hora en un trabajo a tiempo completo para cubrir los gastos básicos del hogar. (Un mapa interactivo está disponible aquí: https://ww2.kqed.org/lowdown/2015/11/05/calculating-the-real-cost-of-living-in-calfornia/).
California no es el único estado en reconocer la creciente necesidad de abordar la desigualdad salarial. La asamblea legislativa de Nueva York también aprobó recientemente un proyecto de ley que elevaría el salario mínimo estatal a $15 en los próximos años. El salario mínimo federal, actualmente $7,25, se incrementó por última vez en 2009, hace casi siete años. La Administración de Obama apoya una propuesta del Congreso para aumentar el salario mínimo federal a $10,10.
Si bien el impacto total de la legislación sigue siendo una pregunta abierta, muchos han argumentado que el problema es mayor que la suma de sus efectos económicos. Como lo declaró el asambleísta de Los Ángeles, Sebastian Ridley-Thomas, durante el debate del proyecto de ley: “[e]ste es un argumento sobre la justicia económica. La justicia no es algo que pueda ser negociado o comprometido.”