El 5 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de California escuchó los argumentos orales en el caso de Baltazar contra Forever 21 Inc. y otros, S208345, que actualmente está pendiente de decisión. La Demandante en el caso de Baltazar es exempleada de Forever 21 que alegó múltiples instancias de racismo y prejuicios de género, así como de acoso sexual en el trabajo. La demandante también alegó que fueron ignoradas sus repetidas quejas a Recursos Humanos con respecto a cada una de estas cuestiones.
La Demandante en el caso de Baltazar presentó su demanda original contra Forever 21 en el Tribunal Superior de Los Ángeles en 2011. Los Demandados solicitaron que el caso del Demandante se resolviera mediante arbitraje, pero su petición fue rechazada por el juez del Tribunal Superior tras determinar que el acuerdo de arbitraje era desmedido. Luego, los Demandados apelaron ante el Segundo Distrito de Apelaciones de California, que revocó el fallo previo del Tribunal Superior después de que el tribunal de apelaciones determinó que el acuerdo de arbitraje era sustancialmente desmedido. El Demandante luego apeló esa revocación ante el Tribunal Supremo de California, y afirmó, entre otras preocupaciones, que el acuerdo de arbitraje no era mutuo.
Baltazar es un caso importante al cual hay que prestar atención, ya que ofrece al Tribunal Supremo de California la oportunidad de revisar los acuerdos de arbitraje, específicamente los acuerdos de arbitraje en el contexto laboral. Cabe destacar que el Demandante en en el caso de Baltazar afirma que el acuerdo de arbitraje en cuestión es “inherentemente unilateral y, por lo tanto, sustancialmente desmedido… cuando solo enumera las controversias iniciadas por los empleados como arbitrables”[.] En términos más sencillos, uno de los temas importantes que el Demandante en el caso de Baltazar ha solicitado al Tribunal es que el abuso sustancial puede existir en una situación en la que el propio lenguaje del acuerdo de arbitraje parece ser mutuo, pero el acuerdo de arbitraje solo enumera las reclamaciones ejemplares con mayor propensión a ser presentadas por los empleados que su empleador. Una decisión nueva en este asunto ofrece la oportunidad de afirmar, cuestionar o incluso revocar varios casos importantes relacionados con la mutualidad de los acuerdos de arbitraje laboral en California. Más aún, el caso de Baltazar podría hallar en la inclusión de un lenguaje común que haga referencia a controversias sobre salarios o por hostigamiento motivos adicionales para determinar que tales acuerdos son desmedidos.
Tres casos importantes son particularmente importantes de entender cuando se analiza el estado actual de la ley sobre los acuerdos de arbitraje en California. Armendáriz contra Health Foundation Psychcare Services Inc. (2000) 24 Cal. 4.o 90; Iskanian contra CLS Transp. Los Angeles (2014) 59 Cal. 4.o 348; y la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. en ATT Mobility LLC contra Concepción 563 EE. UU. 333 (2011).
El caso de Concepción anuló las reglas y las tenencias anteriores de California en el sentido de que las exenciones colectivas de los consumidores no se cumplirían cuando fueran desmedidas e injustas. En el caso de Iskanian, el Tribunal Supremo de California se alejó de su oposición anterior al caso de Concepción, sosteniendo que un acuerdo de arbitraje con exención de acción colectiva sería ejecutable, siempre y cuando se preservara el derecho de un empleado a presentar una acción conforme a la Ley de Derecho a Autorepresentarse en Juicio (“PAGA”, por sus siglas en inglés). Esta acción conforme a PAGA le permitía a un empleado seguir actuando en nombre de un grupo colectivo de empleados agravados, el cual no podía ser obligado al arbitraje según se sostuvo en el caso de Iskanian.
El Tribunal Supremo de EE. UU. y el Tribunal Supremo de California han estado en conflicto por temas similares durante años, incluso en el contexto de litigios por contratos de consumo como el de Concepción. La principal fuente de este conflicto es si los consumidores individuales o los empleados con reclamaciones poco realistas para la adjudicación individual podrían unirse, incluso después de firmar acuerdos de arbitraje con exenciones colectivas, los cuales se han convertido en la norma en el empleo. El Tribunal Supremo de EE. UU. ha dictaminado que las restricciones estatales individuales al arbitraje son anticipadas por la ley federal, a saber, la Ley Federal de Arbitraje (“FAA”, por sus siglas en inglés). El Tribunal llegó a esta conclusión en el caso de Concepción a pesar de la ley de contratos de California con respecto a la exigibilidad de los contratos.
Armendáriz es uno de los últimos casos restantes utilizados para combatir los acuerdos de arbitraje en el estado de California. Específicamente, el caso de Armendáriz describe varios factores que pueden hacer que un acuerdo de arbitraje sea inadmisible si se determina que el acuerdo es desmedido tanto desde el punto de vista procesal como sustancial. Muchos contratos de trabajo con acuerdos de arbitraje e incluso acuerdos de arbitraje independientes otorgados por los empleadores a sus empleados se consideran inadmisibles procesalmente. Por lo general, esta inadmisibilidad procesal se debe a que el empleado no tiene poder para negociar el acuerdo antes de firmar, o porque se le requería al empleado firmar el acuerdo como condición para el empleo. Como tal, el punto principal de controversia en las prácticas regulares de litigio sobre estos acuerdos es su abuso sustancial.
Lo que el caso de Baltazar representa es otra oportunidad para que los tribunales reconozcan la falta inherente de reciprocidad en los acuerdos de arbitraje laboral. Específicamente, el caso de Baltazar señala la clara desconexión entre el lenguaje del acuerdo de arbitraje que afirma que el acuerdo es igualmente vinculante tanto para el empleador como para el empleado, y la realidad de que es poco probable que un empleador pueda presentar una base jurídica para entablar una demanda contra cualquier empleado, ni mucho menos pagarle a un árbitro para que se pronuncie sobre las controversias que un empleador pudiera tener con sus empleados.
Hasta hace poco, se dudaba si el caso de Baltazar tenía la capacidad de efectuar cambios a largo plazo en el asunto. Aunque el Tribunal Supremo de California preservara o mejorara la excepción de Armendáriz, es probable que el caso sea apelado nuevamente y ventilado en el Tribunal Supremo de EE. UU. Allí, los jueces probablemente habrían fallado una vez más que la FAA se adelantó y que el acuerdo de arbitraje era válido o incluso restringía aún más las protecciones de Armendáriz. El entorno jurídico cambió, sin embargo, con la muerte del juez Antonín Scalia.
El juez Scalia fue quien emitió la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo en el caso de Concepción. El fallecimiento del juez Scalia es de particular importancia aquí, ya que en el caso de Concepción se falló una de las pocas decisiones de 5 a 4 del Tribunal Supremo dignas de ser publicadas en los medios de comunicación. Más aún, el juez Scalia y los otros cuatro jueces conservadores eran quienes formaban parte de la mayoría de cinco jueces, siendo los cuatro jueces liberales los disidentes. Suponiendo que un juez más liberal se una al Tribunal Supremo en lugar del juez Scalia, el caso de Baltazar representa uno de los muchos casos que pueden limitar o, en última instancia, anular la protección de los acuerdos de arbitraje en virtud del caso de Concepción. Por ahora, vale la pena seguir de cerca el caso de Baltazar en California por el impacto que tiene en el estado y su potencial de ser apelado nuevamente.